Tras fallo arbitral, Estado dominicano evita pago superior a cien millones.
Santo Domingo, RD.– La República Dominicana obtuvo un fallo completamente favorable en un arbitraje internacional iniciado por el ciudadano francés Yves Martine Garnier. El proceso se amparó en el acuerdo bilateral de inversión firmado entre ambos países en 1999.
El Tribunal Arbitral emitió su laudo el 19 de agosto de 2026. En su decisión, rechazó todas las reclamaciones del demandante, cuyo monto superaba los US$100 millones. Esta cifra equivale a más de 5,882 millones de pesos dominicanos, según la tasa de cambio actual.
Origen del conflicto contractual
El procedimiento inició el 4 de octubre de 2021. Se desarrolló conforme al artículo 7 del acuerdo de inversión y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01.
La controversia surgió tras la terminación del contrato de concesión para la recolección y gestión de residuos sólidos en Santo Domingo Este. Este contrato había sido suscrito entre la empresa EGTT Dominicana, S.A., vinculada al demandante, y el ayuntamiento de ese municipio.
Tribunal valida actuación del Estado
El Tribunal determinó que la terminación del contrato fue válida conforme al derecho dominicano. La decisión se basó en deficiencias comprobadas en la prestación del servicio por parte de la empresa concesionaria.
Además, concluyó que los hechos alegados por el demandante no alcanzaban el estándar necesario para demostrar una violación de las obligaciones internacionales del Estado dominicano bajo el tratado.
Reacción oficial y defensa estatal
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Yayo” Sanz Lovatón, valoró el resultado. Señaló que la defensa del Estado va más allá del aspecto económico.
“La defensa del Estado no es únicamente del erario, también refleja el compromiso del país con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”, expresó el funcionario.
La estrategia de defensa fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, junto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Posteriormente, se integró el Ministerio de Justicia, conforme a lo establecido en la Ley núm. 80-25.
Apoyo internacional y contexto
El Estado dominicano contó con la asesoría de la firma internacional Foley Hoag LLP, desde su oficina en Washington, D.C. Esta colaboración fortaleció la representación jurídica en el proceso arbitral.
Este resultado se enmarca dentro de una política de defensa activa en arbitrajes de inversión. El objetivo es proteger los recursos públicos y mantener la seguridad jurídica que respalda la inversión extranjera en el país.
